El Estado administra y gestiona las instituciones públicas, por tanto, organiza y administra las diferentes instituciones gubernamentales, descentralizando el poder jurisdiccional, llamado "sector público", de forma que sus funciones tengan como finalidad la satisfacción de los intereses colectivos. El sector público está constituido por los tres poderes del Estado; Poder Ejecutivo, que es quien que ejecuta las normas, el Poder Legislativo, encargado de crear las leyes y el Poder Judicial, que se ocupa de sancionar cualquier infracción sobre alguna ley creada. Estos tres poderes están al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos.

El sector público está compuesto por dos niveles, el nivel nacional, que engloba a todas las instituciones públicas dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel territorial o regional, que abarca las instituciones públicas ubicadas en la provincia, estado o departamento, municipio ciudad o localidad. Por ejemplo, el poder ejecutivo de nivel nacional está dirigido por el jefe de Estado, presidente o primer ministro, quien tiene a su cargo todas las políticas administrativas de la nación, así como el compromiso de hacer cumplir el ordenamiento legal para lo cual se sirve de todos los ministerios e instituciones públicas dependientes del sector público. En cambio, en el nivel territorial, los gobernadores y los alcaldes administran las políticas regionales de la zonas del Estado que les corresponde. El poder legislativo se encuentra en el Parlamento nacional, constituido por el Senado o Cámara Alta (de los Lores en Gran Bretaña) y en muchos países además por la Cámara Baja (de los Comunes en Gran Bretaña) o de Representantes en las regiones. Tienen la función de estudiar, administrar y proferir las leyes, que deben estar sujetas a la Constitución Nacional.

El poder judicial está constituido por la Suprema Corte, en algunos países por otras Altas Cortes como Constitucional o la del Estado y por todos los juzgados del país. Su función es calificar el cumplimiento de todo tipo de normas y sancionar o penalizar su incumplimiento a todos los habitantes y las personas naturales (individuos) o jurídicas (empresas). Adicional a los tres poderes públicos, forman parte del sector público las instituciones autónomas independientes, que normalmente son de control y administración de la función de los mismos funcionarios públicos del Estado. En muchos países se cuentan entre ellas las controlarías, Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo), Fiscalía y autoridades electorales. En algunos países puede que la Procuraduría y la Fiscalía estén fusionadas.

Dos características de los funcionarios públicos es que están remunerados con las contribuciones tributarias o impuestos y que sólo pueden desempeñar las tareas que están expresamente encargadas a su función.

Análisis estadístico del Sector público en España

Según la Encuesta de Población Activa, el número de empleados públicos en España asciende a 3 088 400 personas en el primer trimestre de 2010, representando el 13,46% de la población activa, que ascendía a 23 006 900 personas en el mismo trimestre. A continuación se detalla de manera estadística la evolución del número de personas que trabajan para las Administraciones Públicas, repartido por sub-sectores. Es importante distinguir entre funcionarios y empleados públicos. Es este último un concepto más amplio que el de funcionario, por cuanto recoge también el personal con contrato laboral de las Administraciones y las empresas públicas: